En riesgo la democracia boliviana

El gobierno boliviano colocó en la mayoría de los cargos del Tribunal Supremo Electoral a personas de su confianza. Y esos vocales son ahora acusados de haber cometido fraude a favor del presidente Evo Morales para que la diferencia entre éste y el candidato opositor Carlos Mesa sea de más de 10 puntos, (10,11 para ser exactos) y se evite así el balotaje.

Esos mismos integrantes del órgano electoral, de manera inexplicable, suspendieron la transmisión de resultados el domingo por la noche, cuando con el 83% de los votos computados Morales ganaba por 45% a 38%, es decir siete puntos de diferencia. Tras 24 horas de interrupción, la diferencia aumentó justo lo necesario para evitar la segunda vuelta, en la que Mesa tiene más chances de ganar. En Bolivia si un candidato no obtiene 51% de los votos o 40% y 10 puntos de diferencia con el segundo, se debe llamar a segunda ronda 60 días después de la primera elección.

Dos sistemas de conteo rápido, realizados sobre actas computadas, dieron también una diferencia de alrededor de cinco puntos entre los dos, lo que hizo creer que la segunda ronda estaba asegurada.

Por eso, el nuevo resultado, al 95%, generó indignación, de tal magnitud que se produjeron hechos de violencia en diversas ciudades del país, como incendios a oficinas electorales y sedes del partido oficialista.

En las próximas horas podría terminar el conteo oficial, que es paralelo al sistema rápido, y podría confirmarse la victoria de Morales, lo que no haría otra cosa que enardecer aún más a la ciudadanía. No será fácil salir de la situación actual.

De todos modos, si Morales logra asegurar su cuarto mandato a partir de enero próximo, tendrá que gobernar con la Cámara de Diputados en contra, ya que la suma de las facciones opositoras tendrá mayoría, y con un empate en el Senado, de 18 a 18 legisladores, que podría, en los hechos, generar su paralización. Morales, además, deberá cargar con el peso de la ilegitimidad, no solo por las irregularidades de esta elección, sino por haber violado el resultado del referéndum de 2016, que le prohibió candidatear nuevamente.